Habría que vivir allí para saberlo. Desde la zona centro y norte del estado se percibe la inseguridad en el sur de Guanajuato como algo relativamente lejano, relativamente exagerado. En realidad, son años de vivir en esos municipios bajo la amenaza permanente de la extorsión, del pago de piso, del levantón.

La maquinaria que se aprestaba a recuperar la presidencia de la República sin incidentes hizo casi todos los cálculos de los posibles obstáculos que se les presentarían y preparó los antídotos, pero en su radar nunca estuvo la posibilidad de una desacreditación por parte de un sector al que hasta ahora sólo se le podía calificar con una palabra: apatía.

Las lecturas sobre las primeras muestras de una incipiente inconformidad juvenil en el terreno civil, en contra del estado de cosas que guarda el sistema político mexicano carecen de la única cualidad que podría servir en un momento como este: la mínima capacidad de comprensión.

Por más que en el discurso ha tratado de distanciarse de la ultraderecha y de Juan Manuel Oliva, la gran tenacidad de un cuadro como Alberto Diosdado le ha hecho imposible a Miguel Márquez honrar su promesa de “más PAN y menos Yunque.”

Sin sombra de duda, podemos asegurar que la pelea partidista por la presidencia municipal de León está alcanzando niveles de competencia y rivalidad como no se habían visto quizá desde que el PAN arrancó el poder al PRI en el ya lejano año de 1988.

Al igual que en el debate presidencial del pasado 6 de mayo, en el realizado entre los aspirantes a la alcaldía de León este miércoles pasado, los resultados desbordaron a las expectativas, sobre todo al superar los rígidos esquemas bajo los cuales se pretende que se realice el intercambio o exposición de ideas entre los candidatos.

Juan Ignacio Torres Landa, amo y señor de la política priista guanajuatense en este momento, decidió dejar fuera de su lista segura de candidatos a diputados a la principal central campesina cercana a su partido, la CNC de Gerardo Sánchez y Rigoberto Paredes Villagómez.

La política de promoción agropecuaria del gobierno de Juan Manuel Oliva constituyó un fracaso rotundo sobre todo a causa de la decisión de colocar a un operador electoral al frente de la dependencia que inauguró Javier Usabiaga Arroyo en la administración de Vicente Fox: José María Anaya Ochoa.