México, 02 enero 2014.-El senador panista Daniel Ávila Ruiz, afirmó que el Instituto de Combate a la Corrupción, recién aprobado por la Cámara alta, “actuará con la ley en la mano”, y abarcará los ámbitos público y privado, pues se castigará tanto al corrupto como a quien propicie este flagelo.
En un comunicado, el legislador por Yucatán explicó que este instituto que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP) perseguirá el delito en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y en los tres Poderes de la Unión, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además “tiene los candados necesarios para que no sea utilizado políticamente, ni se realice una cacería de brujas, sólo se procederá con la ley en la mano, caiga quien caiga”, advirtió.
El también secretario de la Comisión de la Juventud y Deporte recordó que para que entre en vigor este organismo anticorrupción tiene que concluir el proceso legislativo, pues la primera fase fue su aprobación en el pleno del Senado de la República y se envió a la Cámara de Diputados para su ratificación.
De obtener el voto favorable en la colegisladora se remitirá a los 31 Congresos estatales que le den su aval, esto es la mitad más uno (17), se publicará en el Diario Oficial de la Federación y después el Congreso debatirá y aprobará su legislación secundaria.
El legislador adelantó que el Instituto de Combate a la Corrupción será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estará abierto a las quejas que presenten los ciudadanos o que publiquen los medios de comunicación.
También investigará denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República (PGR), y las instancias locales anticorrupción en estados y municipios.
En la integración de las investigaciones correspondientes también coadyuvarán la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Policía Federal (PF), las procuradurías de justicia estatales, entre otras dependencias.
Indicó que lo anterior permitirá combatir frontalmente actos de corrupción como soborno, cohecho, peculado, malversación de fondos, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de la justicia.
Este instituto podrá actuar por denuncia o de oficio, así como por la vía de atracción de asuntos de entidades federativas o de municipios.
“Le estamos dando ‘dientes’ y autonomía a este nuevo Instituto, pero tiene los controles necesarios para que no sea utilizado políticamente”, insistió.
“Pero también es un llamado a la sociedad en general a erradicar las prácticas corruptas en todos los niveles y ámbitos, con el fin de heredar a las futuras generaciones un país honesto y confiable”, expresó.
Ávila Ruiz se refirió al procedimiento en que se elegirá al titular de este instituto, que durará en el cargo nueve años, y será con el voto de las dos terceras partes de los senadores y será propuesto por las organizaciones civiles del país.
El Ejecutivo Federal tendrá la facultad de objetarlo y se haría un nuevo nombramiento por las tres quintas partes del Senado
