Investigan a familia de vicepresidente argentino por corrupción

Buenos Aires, Argentina.- La familia del vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, será investigada en el marco de la causa que se sigue en su contra por presunta corrupción y que se ha convertido en uno de los casos más escandalosos en este país.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación que se puso en marcha contra Boudou se ampliará hacia sus padres, Amado Rubén Boudou y Azul Costa Alvares, así como a su hermano Juan Bautista Boudou.

Ello, debido a que el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, solicitó la ampliación de indagatorias porque los padres de Boudou viven en un departamento lujoso que en realidad podría ser propiedad del vicepresidente, por lo que serían acusados de prestanombres.

El hermano, en tanto, realizó una serie de viajes al extranjero pagados por la empresa en la que Boudou está acusado de haber beneficiado de manera ilegal.

El escándalo que afecta al gobierno de la presidenta Cristina Fernández comenzó en marzo pasado con las acusaciones sobre el tráfico de influencias en que habría incurrido Boudou en 2010 al ayudar a la empresa Ciccone Calcográfica.

Dicha firma, representada por Alejandro Vanderbroele, un supuesto amigo de Boudou, estaba en la quiebra y adeudaba 20 millones de dólares al fisco, pero fue rescatada gracias a la intervención del vicepresidente, quien entonces era ministro de Economía.

Más tarde, la firma logró un contrato por parte del Estado, con Boudou ya como vicepresidente, para la impresión de billetes, lo que le redituará ganancias por 50 millones de dólares.

Uno de los puntos culminantes de la investigación se registró en abril pasado, cuando se realizó un allanamiento judicial en un departamento del vicepresidente, quien después se lanzó al contraataque.

Boudou denunció entonces al despacho de la familia del procurador general de Argentina, Esteban Righi, al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, por supuestas presiones en su contra y al juez de la causa, Daniel Rafecas.

Las declaraciones atizaron aun más el escándalo, ya que Righi renunció a su cargo y Rafecas fue apartado de la investigación, por lo que se convirtieron en las primeras víctimas de este caso que afecta al gobierno kirchnerista.